Sin lugar para los débiles

Hemos dicho en un artículo anterior (http://elpaloylarueda.blogspot.com/2007/07/fortaleza-electoral-y-debilidad-poltica.html) que la fortaleza electoral del gobierno contrastaba peligrosamente con su debilidad política, y que cualquier intento de profundización de la línea distribucionista requeriría de una construcción política capaz de sostenerla en términos de organización y movilización –construcción que el propio gobierno había descuidado. Los acontecimientos derivados del feroz y extendido lock-out patronal del sector agropecuario constituyen una elocuente demostración de aquel aserto.

La aludida debilidad hunde sus raíces en el largo proceso de deslegitimación de las instituciones democráticas y en la profunda derrota de las fuerzas populares que precedió al golpe del 76 –y que éste llevó a niveles impensados–. Es justamente este aspecto bifronte de la debilidad (el de las instituciones democráticas y el de las fuerzas populares) el que le ha impedido al gobierno responder con contundencia a la sedición agropecuaria, el complot mediático y la complicidad tilinga de los sectores medios, tanto en el plano estrictamente institucional como en el más amplio de la movilización política.

En concreto: el gobierno no se decide a implementar la Ley de Abastecimiento, ni a liberar las rutas, porque ello es impensable si no se está seguro de contar con las espaldas políticas adecuadas; es decir, si no es capaz de desplegar una movilización popular lo suficientemente contundente como para ganar la visibilidad mediática que sistemáticamente le es negada por los intereses cómplices de los medios de comunicación. El valorable pero escaso aporte cuantitativo de los movimientos sociales kirchneristas, y la precaria y contradictoria relación de los Kirchner con las estructuras del Partido Justicialista, poco aportan a la superación de condiciones adversas forjadas en años mucho más largos que los de la actual gestión.

Poniendo claro sobre oscuro, las retenciones móviles a la exportación son medidas distribucionistas fundamentalmente por su intencionalidad antiinflacionaria, en tanto que tienden a desenganchar los precios internos de los alimentos de sus siderales valores en el mercado internacional. Sólo accesoriamente constituyen una medida fiscal por medio de la cual el Estado se apropia –legítimamente– de una parte de la renta agraria; sin embargo, este último aspecto es falaz e intencionadamente enfatizado por las asociaciones patronales y sus voceros políticos y mediáticos. Muy otro tema es la razonable objeción que pueda hacerse desde perspectivas de izquierda respecto del carácter limitado de las medidas en relación con su verdadero impacto distributivo. Aun cuando sin dudas compartimos algunas de esas objeciones, no es posible soslayar que la eventual disposición de medidas más avanzadas generaría reacciones todavía más virulentas. Por tan simple y elemental motivo, nos cuesta comprender la miopía y mezquindad con que frente a este conflicto nodal por el que atraviesa el país, algunos sectores declamadamente progresistas buscan acomodarse en una neutralidad que, a estas alturas, no puede ser otra cosa que adhesión implícita a la oposición oligárquica.