Se ha dicho, con razón, que el conflicto con las entidades rurales se enmarca en un clima destituyente. Incluso la forma que adoptó su desenlace más inmediato -el inaudito voto del vicepresidente en contra del Poder Ejecutivo que accesoriamente integra-, bien puede abonar las tesis más conspirativas, en tanto que una eventual acefalía lo ubicaría inmediatamente a él en el lugar de la “transición”. Pero sea cual fuera el grado de organicidad y conciencia de sí que haya tenido o tenga la ofensiva destituyente, está claro que, al menos de momento, su mayor aspiración se concentra en debilitar al gobierno, fijándole una agenda impropia del programa con el cual fue elegido para gobernar, y obligándolo a pagar todos los costos políticos posibles de cara a las elecciones legislativas del año próximo. Si existiera en el país una oposición política con capacidad de converger y de seducir a la opinión pública, otro hubiera sido el devenir de la crisis. Afortunadamente, es esta incapacidad objetiva un límite infranqueable para la (anti)política de las fuerzas sociales destituyentes, cuya irracionalidad no llega todavía al punto del suicidio colectivo.
Ante este cuadro de situación, bien puede decirse que el gobierno de Cristina Fernández tiene todavía una oportunidad, a pesar de haber sufrido una derrota cuya gravedad no reside tanto en las consecuencias políticas o económicas que se derivan del rechazo parlamentario a su proyecto, sino de lo que ello significa en términos de explicitación de un contexto ideológico y cultural adverso por donde se lo mire a las intenciones de reforma que el gobierno encarna. Sin embargo, la derechización de la sociedad argentina no es aún un fenómeno homogéneo e irreversible (si así fuera, más hubiera valido abandonar el barco). Parte de los sectores populares y una minoría relativamente activa de segmentos medios progresistas se ha movilizado en favor del proyecto oficial, pese a la sistemática acción distorsiva de la cadena privada de medios de comunicación. Muchos más todavía apoyan las líneas fundamentales de la gestión gubernamental. Todo indica entonces que el gobierno debería concentrarse en conservar y acrecentar el apoyo de esas franjas de la población, muy especialmente el de los sectores populares que, por añadidura, constituyen el grueso del voto y la identidad peronistas cuya disputa resulta crucial para propios y ajenos. Pero por obvia que pueda parecer esta alternativa tanto en lo táctico como en lo estratégico, una parte del kirchnerismo y, de un modo preocupante, en ocasiones la propia presidenta, parecen insistir en interpelaciones dirigidas a seducir a los sectores medios que ya en octubre pasado (como tantas otras veces a lo largo de la historia) habían declarado sin ambages su desclasado odio de clase.
A diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, donde tienen lugar procesos de reforma profunda en los que se ha logrado articular eficazmente al sujeto social popular con la fuerza política gobernante, en Argentina no existe una articulación tal, y las reformas (claro está, más modestas) parecen provenir del voluntarismo del gobierno antes que del impulso de las fuerzas sociales que, se supone, deberían hallarse comprometidas con ellas. Esta ausencia o debilidad del sujeto social transformador, invisibilizado y deslegitimado permanentemente en el sentido común de las construcciones mediáticas, es un condicionamiento esencial que precede a la responsabilidad del gobierno. Sin embargo, en la medida en que éste no reconoce la centralidad de esta circunstancia, resulta incapaz de darse una estrategia de construcción de poder político y social cuya primera condición no es otra que la interpelación (discursiva y política) a los trabajadores. Parafraseando al presidente Chávez, para combatir la pobreza es necesario dar poder a los pobres. Y dar poder es, también, dar la palabra (palabra que sólo se da a quien ya se ha interpelado como interlocutor).
Ante este cuadro de situación, bien puede decirse que el gobierno de Cristina Fernández tiene todavía una oportunidad, a pesar de haber sufrido una derrota cuya gravedad no reside tanto en las consecuencias políticas o económicas que se derivan del rechazo parlamentario a su proyecto, sino de lo que ello significa en términos de explicitación de un contexto ideológico y cultural adverso por donde se lo mire a las intenciones de reforma que el gobierno encarna. Sin embargo, la derechización de la sociedad argentina no es aún un fenómeno homogéneo e irreversible (si así fuera, más hubiera valido abandonar el barco). Parte de los sectores populares y una minoría relativamente activa de segmentos medios progresistas se ha movilizado en favor del proyecto oficial, pese a la sistemática acción distorsiva de la cadena privada de medios de comunicación. Muchos más todavía apoyan las líneas fundamentales de la gestión gubernamental. Todo indica entonces que el gobierno debería concentrarse en conservar y acrecentar el apoyo de esas franjas de la población, muy especialmente el de los sectores populares que, por añadidura, constituyen el grueso del voto y la identidad peronistas cuya disputa resulta crucial para propios y ajenos. Pero por obvia que pueda parecer esta alternativa tanto en lo táctico como en lo estratégico, una parte del kirchnerismo y, de un modo preocupante, en ocasiones la propia presidenta, parecen insistir en interpelaciones dirigidas a seducir a los sectores medios que ya en octubre pasado (como tantas otras veces a lo largo de la historia) habían declarado sin ambages su desclasado odio de clase.
A diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, donde tienen lugar procesos de reforma profunda en los que se ha logrado articular eficazmente al sujeto social popular con la fuerza política gobernante, en Argentina no existe una articulación tal, y las reformas (claro está, más modestas) parecen provenir del voluntarismo del gobierno antes que del impulso de las fuerzas sociales que, se supone, deberían hallarse comprometidas con ellas. Esta ausencia o debilidad del sujeto social transformador, invisibilizado y deslegitimado permanentemente en el sentido común de las construcciones mediáticas, es un condicionamiento esencial que precede a la responsabilidad del gobierno. Sin embargo, en la medida en que éste no reconoce la centralidad de esta circunstancia, resulta incapaz de darse una estrategia de construcción de poder político y social cuya primera condición no es otra que la interpelación (discursiva y política) a los trabajadores. Parafraseando al presidente Chávez, para combatir la pobreza es necesario dar poder a los pobres. Y dar poder es, también, dar la palabra (palabra que sólo se da a quien ya se ha interpelado como interlocutor).
Resumiendo, el gobierno puede avanzar en transformaciones progresistas y distributivas a pesar de la derechización de la opinión pública (es decir, de gran parte de sectores medios, urbanos y rurales, que los medios de comunicación señalan como tal) si, y tal vez sólo si, deja de malgastar esfuerzos políticos y retóricos en pos de una seducción inapropiada e infructuosa; y en su lugar, concentra sus esfuerzos en la conservación y acrecentamiento del apoyo de aquellos sectores sociales que lo acompañan. Interpelar y empoderar a los trabajadores y a los pobres es una condición insoslayable para cualquier fuerza “populista”, en el sentido en que esta categoría sirve para honrar lo mejor de la tradición política inaugurada por el peronismo. Previniendo críticas previsibles, cabe decir que de lo que se trata no es de una estrategia de polarización de la sociedad; sino de responder con convicción y eficacia a la polarización efectiva que las oligarquías y sus cómplices más o menos inconscientes despliegan, con su odio destituyente, cada vez que quieren abrirse caminos de inclusión para los menos favorecidos.
