La pesadilla del eterno retorno

Como si se tratara de una remake bizarra de finales de los ’90, el radicalismo intenta, cual Freddy Krueger, recuperar el centro de la escena. A quienes creímos que después del descalabro de 2001 su retorno al poder sólo podría caber en las fantasías más perversas de una mente afiebrada, se nos impone buscar alguna explicación más racional que la hipótesis –ya no deleznable– de un ensañamiento del destino.

Tan rayana con lo absurdo es la construcción político-mediática que auspicia el contra-milagro de la resurrección radical, que parte del cuento incluye la supuestamente decisiva responsabilidad del eterno precandidato Eduardo Duhalde en la caída de Fernando De la Rúa. Porque aun cuando a aquél cabe achacarle innumerables pecados, difícilmente se encuentre entre ellos el de haber movilizado a las capas medias de la Ciudad de Buenos Aires durante los ya poco épicos días de finales de 2001, hecho que constituyó la causa eficiente de la renuncia de la otrora joven promesa del conservadurismo radical. Y si en algo le cupo responsabilidad al inefable ex senador por la previa en el conurbano, cuánto más puede decirse de las políticas de De la Rúa y Cavallo, sin que resulte necesario ampliar el argumento hacia cómo sus devastadores efectos económicos y sociales legitimarían “per se” cualquier revuelta. Sin embargo, y pese a la evidencia en contrario, para el sentido común de los sectores medios -y de los medios a secas- es cosa juzgada que Duhalde provocó la renuncia de De La Rúa, o cuanto menos lo es hasta ahora, sin que pueda descartarse una construcción contraria en caso de que resulte fallido el intento de resurrección radical. Pues no hay que olvidar que la prueba más cierta de que Clarín no es gorila es el hecho de que tiene un amigo peronista.

Como sea, la cuestión es que el fantasma de 2001 recorre de algún modo la coyuntura. No por la improbable oportunidad de una acción destituyente a la que se quiera disfrazar de rebelión civil, acerca de cuya ocurrencia bien recordó Moyano que “a un gobierno peronista no se lo corre agitando un pañuelo”. Las características objetivas de la etapa son muy disímiles –ni crisis económica, ni incapacidad para el ejercicio del poder, como entonces- pero aquel fantasma se las arregla para campear, por caso, en la emulación fisonómica o política, buscada o hallada, de personificaciones como Julio Cobos y Ricardo Alfonsín. Es que, en esencia, estas caricaturas hablan de la perspectiva de retorno a un programa de gobierno y a un estilo de gestión capaces de retrotraer la economía y la situación social a la debacle de comienzos de la década.

Así, es posible reconocer, sin apelar a la imaginación ni al saber tecnocrático, cuáles serían las casi seguras características del próximo ciclo económico bajo el sesgo de un eventual gobierno radical (o de la oposición “de derecha”, si fuera posible diferenciarlos en algo a este respecto). En primer lugar, rebaja de impuestos al capital en pos de aumentar su rentabilidad (léase reducción o eliminación de las retenciones a la soja). Ello desfinanciaría al Estado de modo tal que el ajuste sobrevendría inevitable para cubrir el déficit. Así se golpearía nuevamente al mercado interno, reduciendo más la economía, y al mayor bache generado de ese modo se lo intentaría cubrir con mayor endeudamiento externo. Al cabo de un tiempo, probablemente breve, la espiral desatada por el achicamiento y retiro del Estado en favor de la mayor rentabilidad del capital y las fuerzas del mercado, se haría cada vez más vertiginosa hasta dar lugar a un nuevo colapso, bajo la forma de hiperinflación, corralito o quién sabe qué nuevo hallazgo que nos tenga reservado el destino, siempre con una dosis de represión y muerte que también abreva en el acervo histórico del “partido de la democracia”.

Es que a pesar de la obstinada posición de Pino Solanas (sobreactuada y paradojalmente amplificada en las pantallas del monopolio) acerca de que el modelo kirchnerista es una continuación del menemismo, salta a la vista (de quien no se niegue a mirar) que lo principal del proceso iniciado en 2003 es la interrupción de aquel ciclo maléfico del neoliberalismo que se remonta en sus inicios a los años de Martínez de Hoz. La nueva lógica de funcionamiento de la economía podría describirse bien como el anverso de aquella ya referida: recuperación de la masa salarial y del salario real, crecimiento del mercado interno, paulatina y creciente reindustrialización, consiguiente recuperación de las arcas públicas (eso que los políticos de la oligarquía y sus comunicadores llaman ahora “la caja”), inversión pública y social que realimenta el círculo virtuoso (“aumento del gasto” o “clientelismo” según los susodichos).

Cabe resaltar que la puesta en marcha de un modelo alternativo al neoliberal requirió de al menos dos condiciones. La primera, el colapso objetivo de éste y un quiebre profundo en el humor social que hubiera hecho inviable su inmediata recreación. La segunda, la férrea voluntad política de un gobierno que quiso ponerse al frente de la sociedad, motorizando transformaciones que incluso superaron sus demandas efectivas, y que aún ahora, cuando parecen soplar desde la derecha los vientos de la opinión pública y publicada, insiste en su incorrección política en la búsqueda de la consolidación y profundización de las reformas. Esto solo, debería bastar para prodigarle alguna gratitud de un progresismo que, habiendo compartido el estrepitoso fracaso de la alianza –y su imperdonable traición- pretende ahora correr al gobierno “por izquierda”, y se propone hacerlo, en el colmo del sin sentido, tejiendo acuerdos con la derecha parlamentaria.

Sería fácil, y por cierto también razonable, cargar las tintas sobre el papel (y la pantalla) de los medios de comunicación comandados por el grupo Clarín y su indisimulado intento de hacer retornar al gobierno a los radicales –o a quien fuera capaz de borrar a los Kirchner–. Pero tal vez sea preferible señalar otra línea de interpretación, no tan evidente aunque en absoluto desligada de aquélla. Se trata de considerar el rol histórico del radicalismo como superestructura de los sectores medios más conservadores y reaccionarios, los cuales habrían activado sus alarmas atávicas –racistas y clasistas– ante los recurrentes actos y gestos de la política popular y de su estética, contenidos como están en lo que podríamos llamar, continuando el abuso terminológico, la superestructura peronista.

Con grados y matices diferentes, bajo circunstancias disímiles, este rol histórico que ha ocupado el radicalismo desde la caída de Yrigoyen no escapa siquiera al ahora encomiable gobierno de Raúl Alfonsín. Más allá de los debidos respetos de los que es merecedor el recientemente fallecido ex presidente, tanto por su papel en la recuperación de la democracia como por su trayectoria y estatura política, no deberíamos caer en la trampa mediática que pretendió elevarlo a la altura de los verdaderos líderes populares de nuestra Patria. Hay que decir, insistiendo en la incorrección política que exige la búsqueda contrahegemónica, que para la economía no hubo primavera alfonsinista. La economía de la transición consistió en una etapa de prolongada decadencia de las condiciones de vida de la población, en la que se horadaron primero los ingresos de los sectores más humildes y posteriormente los de amplios sectores de las capas medias, sentando las bases para la devastación final llevada a cabo por el menemismo.

Sin embargo, una vez más, el relato dominante prefiere presentar imágenes invertidas, haciendo pasar los efectos por las causas, emulando la cámara oscura que ya para Marx constituía la forma típica del funcionamiento de la falsa conciencia. Al igual que como ocurre al analizar el período de De la Rúa, de cuya renuncia se culpa a Duhalde, cuando se trata de juzgar el fracaso del gobierno de Alfonsín también se elige culpar al peronismo en alguna de sus formas. En este caso, los ya célebres “13 paros de Ubaldini” ocupan en el imaginario el lugar que, en los hechos, no puede caberle sino a la gestión alfonsinista. En todo caso, se omite decir que aquellas masivas huelgas y manifestaciones encabezadas por el líder cervecero tenían como sustento un programa económico superador (los “26 puntos de la CGT”), un contexto político local donde la oposición política (con el cafierismo y el Partido Intransigente a la cabeza) se ubicaba objetivamente a la izquierda del gobierno radical –que prefirió sostener su alianza con los grupos económicos–, y un mundo donde todavía el socialismo real no había colapsado y por ende seguía habilitada como verosímil la vía revolucionaria.

Pero no se trata de proponer versiones u opiniones diferentes de las social y mediáticamente aceptadas con el solo fin de provocar a las conciencias bienpensantes, sino de considerar en toda su dimensión el hecho de que los medios, como parte y vanguardia ideológica de las capas medias, se constituyen en actores determinantes y vehículos privilegiados del sentido común, y que a menudo lo hacen negando la cultura popular y sus rasgos de resistencia, los que son expulsados -en un acto explícito de censura- al cono de sombra de la ilegitimidad social.
En fin, tal vez de esta suerte de dialéctica berreta entre los medios y las capas medias, pueda surgir una explicación menos metafísica que la que proponíamos al inicio en relación con el eventual retorno de nuestra ave fénix vernácula y sus circunstanciales pajarracos –a los que se reconoce por su especial velocidad a la hora de salir volando-.

Malestar

por Gustavo Sánchez

La secuencia de los últimos acontecimientos relacionados con la
intolerancia, el cinismo y el prejuicio con que el bloque dominante trata a quienes no puede integrar en su horizonte cultural, podría contener, entre otras, las siguientes escenas:

- La mueca indignada, moralista y bienpensante frente al exabrupto del ídolo que, visceral y popular, lanza sus dardos contra la prensa (el peor de los crímenes posibles en la democracia teledirigida).

- Dos nuevas “denuncias” de Carrió. La primera, contra el proyecto de Abuelas de Plaza Mayo –la organización de derechos humanos más ampliamente reconocida y respetada por los sectores medios–, en defensa de la poco noble de Ernestina. La afrenta le valió el honor de integrar con Carlos Menem el dúo de expulsados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos –por lejos el más moderado de los organismos–. La segunda denuncia, con la venia de su correligionario Gerardo Morales, sobre la existencia de grupos armados kirchneristas presumiblemente comandados por la dirigente social Milagro Salas, bien podría valerle el Oscar a la mejor historia de ficción.

- El coro desafinado de los que, de tanto buscarle el pelo al huevo, no hacen otra cosa que romperlo(s). En este ítem debería incluirse el indisimulable cinismo de las críticas al plan de universalización de asignaciones para la niñez.

- Macri. Saliendo otra vez más o menos ileso, pese al escatológico accionar de su grupo parapolicial abocado a la caza de indigentes y las burdas operaciones de espionaje contra dirigentes sociales y maestros. El silencio mediático y la complicidad social, vaya a saber en qué proporciones y con qué grado y forma de articulación, continúan haciéndolo posible.

Inseparable de otras tensiones –políticas, sociales y económicas– que también recorren buena parte del continente latinoamericano, el conflicto simbólico está a la orden del día en nuestro país. Acicateado y vociferado por los poderes constituidos del malestar cultural y su maquinaria de amplificación de las malas noticias, y asentado sobre bases firmes, desde el fondo histórico y la estructura social.

La exclusión del otro, hilo conductor de la historia política argentina, abreva en la matriz oligárquica de acumulación. Expropiados en sus posibilidades de desarrollo social, los sujetos culturales subalternos son también privados de la palabra legítima. Indios y criollos, inmigrantes anarquistas, cabecitas negras. Y cada vez que lo popular negado busca erigirse de nuevo desde el “subsuelo de la Patria”, se actualiza la amalgama de esperanza, recelo y mezquindad, rememorando el tiempo en que el bárbaro le mojó la oreja al civilizado (y el desposeído le disputó el poder al propietario). La osadía fue pagada con creces cada vez. El último genocidio, perpetrado en la edad moderna de la Nación, se recuerda como el más cruento, pero se lo explica mejor si se lo sitúa en la serie histórica de exclusión, persecución y exterminio.

Si bien no hay por qué predicar su continuidad inevitable, ni mucho menos su inminencia, lo cierto es que tampoco hay razones para considerar que la serie esté cerrada definitivamente. Por el contrario, el conflicto cultural se percibe en superficie en el malestar del medio pelo, emergente insoslayable de un clima de época y de clase, irracional e intolerante, que aunque no es condición suficiente para la represión, es sí una condición necesaria. En todo caso, el eventual blanco está determinado de antemano y se lo sigue moldeando en la cocina simbólica de los grandes medios y sus públicos escasamente inocentes.

En el centro de la escena, dirigentes populares y movimientos sociales que exponen y reivindican su subalternidad en el color de la piel y en sus repertorios comunicacionales. A sus lados, “menores delincuentes” e inmigrantes ilegales. La imaginería fascista acaba de debutar en las urnas con relativo éxito, pero ya hace años que lidera las planillas de rating.

gsanch36@gmail.com

Nuevas voces para una sociedad abierta

Como parte de la trama intersubjetiva que compone la realidad social, la relación entre los discursos producidos por el conglomerado de medios de comunicación y su reconocimiento y respuesta por parte de las audiencias, constituye un fenómeno complejo e irreductible a lógicas deterministas. Sin embargo, de tal complejidad y relativa indeterminación, debe inferirse el carácter estratégico de su regulación, puesto que aun cuando la recepción sea concebida como un proceso activo, resulta evidente que la concentración de las emisiones en un conjunto entrenado y limitado de actores implica un estrechamiento de los márgenes de libertad de los destinatarios, ya de por sí ceñidos por los propios marcos culturales en que tiene lugar la recepción. Es por ello que toda regulación pública tendiente a democratizar el campo de la comunicación audiovisual en cabeza del Estado debe considerar múltiples aspectos, entre los que se destacan los contenidos –en un sentido amplio e inclusivo de las formas– y la pluralidad de voces emisoras.

El Gobierno nacional ha enviado al parlamento un proyecto de regulación que, en lo principal, tiende a cumplir con un conjunto de demandas largamente requeridas por un extendido espectro de organizaciones sociales, sindicales, profesionales y académicas. Desde el advenimiento de la democracia en 1983, el poderoso lobbie mediático fue eficaz en impedir que el Poder Legislativo atendiera estas demandas, mientras que las modificaciones que tuvieron lugar en la legislación durante la década neoliberal fueron todas tendientes a aumentar la concentración oligopólica de la propiedad de los medios. El proyecto gubernamental cuenta con el apoyo explícito de las Universidades Nacionales y las Carreras de Comunicación Social y Periodismo, varios de cuyos académicos han participado directamente en su redacción. Además de los sindicatos del sector, las dos centrales sindicales, orgánicamente, promueven la sanción de la nueva ley, y la Iglesia Católica y otros cultos religiosos se han manifestado positivamente respecto de los ejes centrales del proyecto, el cual ha sido también recientemente elogiado por el relator especial de las Naciones Unidas en materia de libertad de expresión.

El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, que antes de llegar al Congreso Nacional ha sido presentado y debatido en múltiples foros públicos a lo largo y ancho del país –ignorados sistemática y olímpicamente por los grandes medios–, no incluye ninguna disposición relacionada con los contenidos de las emisiones, excepto la exigencia del cumplimiento de cuotas mínimas de producción nacional y local, motivada en más que loables razones de promoción económica y cultural. Esto significa que los actuales y los futuros licenciatarios de medios podrán decir cuanto quieran y cómo lo deseen, con los mismos estándares de libertad de expresión que en la actualidad, incluso cuando ello signifique mentir, tergiversar o manipular la información.

Sin embargo, infundadas y arteras calificaciones, tales como “ley mordaza” o “de control de medios”, son repetidas por voceros de las empresas privadas de comunicación y por variopintos personajes de la oposición –que no tardarán en ser ellos mismos sacrificados en el sacro escenario montado para el espectáculo de la política por las megaempresas del infoentretenimiento–.

Al enfatizar en la consecución de una pluralidad de voces emisoras, acotando las fuentes comerciales a un 33% del espectro disponible y reservando los otros dos tercios para emisiones públicas y no comerciales, una de las consecuencias esperables de la nueva configuración del mapa de medios es que junto a las modulaciones del discurso único que monopolizan los mensajes de la comunicación de masas tengan lugar otras producciones discursivas, provenientes de estéticas, subjetividades, ideologías y culturas diversas, creando para la vida democrática posibilidades impensables en un contexto como el actual signado por la alienación, el control y la eventual manipulación de las comunicaciones.

Así las cosas, de la aprobación o no del proyecto de servicios de comunicación audiovisual enviado por el Poder Ejecutivo, depende algo más que la suerte de un gobierno. Incluso algo distinto que el destino del conjunto de reformas populares iniciado en 2003 y que, por primera vez desde 1975, entronca con las corrientes emancipatorias de la historia nacional. En efecto, lo que está en juego en el fondo de este debate es la posibilidad esencial de crear condiciones para el desarrollo de una sociedad abierta y crítica, capaz de concebir un proyecto colectivo de Nación que haga centro en un lugar que no coincida con el ombligo de nadie.

Problemas de comunicación

A la hora de pensar en los problemas de comunicación del gobierno de Cristina Fernández, suele aludirse a cierto aspecto técnico o instrumental,de equivocación en las formas o en la elección de los canales y voceros. Y aunque todo ello pueda ser cierto, no atañe en absoluto a lo esencial. El gobierno tiene serios problemas de comunicación, pero ellos apenas se relacionancon cuestiones de instrumentación o de eficacia, subsidiarias de otros asuntos verdaderamente relevantes.

Los medios

Por estos días el gobierno ha comunicado una noticia de irrefutable relevancia. Por sus consecuencias fácticas y su importancia estratégica, la eliminación de las AFJP y la reconstrucción de un sistema previsional único y estatal deberían asegurarle el recupero de la iniciativa política y de la confianza popular. Sin embargo, y aun con un consenso sustancial en favor de tales medidas, la noticia parece haber sido tomada con cierta reserva por la opinión pública (acaso por efecto de la grosera manipulación llevada a cabo una vez más por parte de la opinión publicada). De aquí una primera e insoslayable dificultad comunicacional del gobierno, que sólo puede negarse por complicidad, ingenuidad o dogmatismo: los medios masivos de comunicación ocupan de manera orgánica el lugar de la oposición política, compensando con creces la ineficacia de aquélla.

Los medios de información de mayor alcance e influencia, capaces de producir agenda y de construir opinión, se encuentran en manos de agentes que han decidido jugar decididamente en contra de las políticas gubernamentales, apelando para ello a múltiples estrategias de ocultamiento, manipulación y tratamiento asimétrico de la información. Frente al monopolio privado de la palabra pública, la necesidad de que el estado modifique la legislación vigente sobre radiodifusión parece impostergable si se tiene conciencia de que, más que sobre un gobierno en particular, la amenaza se cierne sobre la propia democracia, impensable por debajo de un umbral mínimo de pluralismo -y buena fe- en la opinión.

Los medios públicos, de influencia más limitada, no llegan a compensar tal desequilibrio comunicacional por diversas razones, entre las que se cuentan los altibajos en sus niveles de profesionalismo y la dificultad que supone el intento de transmitir mensajes alternativos a través de estéticas dominantes respecto de cuya utilización, para peor, suele carecerse de la necesaria pericia. Por otro lado, las cooptaciones y alianzas tejidas por el gobierno con algunos medios resultan cuanto menos temerarias (el caso de Infobae o C5N es paradigmático), mientras que los medios alternativos que se intenta promover adolecen también del alcance y la influencia necesarios para contrarrestar el aceitado despliegue del conglomerado mediático.


Y los discursos

Sin embargo, la cuestión relativa al desnivel desfavorable en la opinión que resulta de la actual configuración de los medios de masas en Argentina, y que podría comenzar a corregirse paulatinamente con la impostergable sanción de una nueva normativa que garantizara una efectiva pluralidad de voces, no es ni la única ni la más profunda de las dificultades comunicacionales del gobierno. En efecto, más allá de los medios están -amplificados o negados por ellos- los discursos. Suele afirmarse desde ciertas posiciones que intentan ubicarse a la izquierda del gobierno, que en variados aspectos no se ha avanzado más allá de la gestualidad o del discurso. Independientemente de la mayor o menor entidad de tales críticas, no hay razón para restar valor a las palabras y los gestos en una época en la que el discurso político se encuentra bastardeado. El intento de restituir a la política su centralidad en la organización social y económica es también una disputa semiótica. Precisamente en este aspecto, las resistencias en el universo de la recepción son inocultables, constituyendo una barrera difícil de franquear. El discurso antipolítico, que los medios construyen/retoman/reenvían a y desde la sociedad parece constituir un anticuerpo resistente y efectivo a la hora de contrarrestar las intervenciones que, desde el discurso y la acción, intentan restituir un ideario de integración social sobre cuya derrota se ha afianzado el neoliberalismo más salvaje.

Desafortunadamente, la comunicación gubernamental adolece de toda estrategia y, lo que parece peor, de todo diagnóstico acertado frente a ese estado de cosas. A la narrativa mediática, estructurada sobre la base del conflicto entre la “gente” y los “políticos”, el gobierno opone un discurso argumentativo de corte ilustrado, también destinado a la “gente”. Así, frente al núcleo duro y extenso de la antipolítica, las interpelaciones del discurso oficial despiertan adhesiones tibias y contradictorias entre los propios, y exacerbados odios militantes en los ajenos. Resultaría indispensable, entonces, pensar en otra discursividad. La “gente”, colectivo imaginado sobre el espectro de los sectores medios urbanos, sólo en segundo grado puede ser el sujeto de la interpelación de un gobierno popular. Es necesario, antes que nada, volver a referirse al Pueblo, apelar a su movilización simbólica. Tal vez recién entonces una política popular pueda comenzar a ser oída -y a hacerse escuchar.

Interpelaciones, sujeto y poder

Se ha dicho, con razón, que el conflicto con las entidades rurales se enmarca en un clima destituyente. Incluso la forma que adoptó su desenlace más inmediato ­-el inaudito voto del vicepresidente en contra del Poder Ejecutivo que accesoriamente integra-, bien puede abonar las tesis más conspirativas, en tanto que una eventual acefalía lo ubicaría inmediatamente a él en el lugar de la “transición”. Pero sea cual fuera el grado de organicidad y conciencia de sí que haya tenido o tenga la ofensiva destituyente, está claro que, al menos de momento, su mayor aspiración se concentra en debilitar al gobierno, fijándole una agenda impropia del programa con el cual fue elegido para gobernar, y obligándolo a pagar todos los costos políticos posibles de cara a las elecciones legislativas del año próximo. Si existiera en el país una oposición política con capacidad de converger y de seducir a la opinión pública, otro hubiera sido el devenir de la crisis. Afortunadamente, es esta incapacidad objetiva un límite infranqueable para la (anti)política de las fuerzas sociales destituyentes, cuya irracionalidad no llega todavía al punto del suicidio colectivo.

Ante este cuadro de situación, bien puede decirse que el gobierno de Cristina Fernández tiene todavía una oportunidad, a pesar de haber sufrido una derrota cuya gravedad no reside tanto en las consecuencias políticas o económicas que se derivan del rechazo parlamentario a su proyecto, sino de lo que ello significa en términos de explicitación de un contexto ideológico y cultural adverso por donde se lo mire a las intenciones de reforma que el gobierno encarna. Sin embargo, la derechización de la sociedad argentina no es aún un fenómeno homogéneo e irreversible (si así fuera, más hubiera valido abandonar el barco). Parte de los sectores populares y una minoría relativamente activa de segmentos medios progresistas se ha movilizado en favor del proyecto oficial, pese a la sistemática acción distorsiva de la cadena privada de medios de comunicación. Muchos más todavía apoyan las líneas fundamentales de la gestión gubernamental. Todo indica entonces que el gobierno debería concentrarse en conservar y acrecentar el apoyo de esas franjas de la población, muy especialmente el de los sectores populares que, por añadidura, constituyen el grueso del voto y la identidad peronistas cuya disputa resulta crucial para propios y ajenos. Pero por obvia que pueda parecer esta alternativa tanto en lo táctico como en lo estratégico, una parte del kirchnerismo y, de un modo preocupante, en ocasiones la propia presidenta, parecen insistir en interpelaciones dirigidas a seducir a los sectores medios que ya en octubre pasado (como tantas otras veces a lo largo de la historia) habían declarado sin ambages su desclasado odio de clase.

A diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, donde tienen lugar procesos de reforma profunda en los que se ha logrado articular eficazmente al sujeto social popular con la fuerza política gobernante, en Argentina no existe una articulación tal, y las reformas (claro está, más modestas) parecen provenir del voluntarismo del gobierno antes que del impulso de las fuerzas sociales que, se supone, deberían hallarse comprometidas con ellas. Esta ausencia o debilidad del sujeto social transformador, invisibilizado y deslegitimado permanentemente en el sentido común de las construcciones mediáticas, es un condicionamiento esencial que precede a la responsabilidad del gobierno. Sin embargo, en la medida en que éste no reconoce la centralidad de esta circunstancia, resulta incapaz de darse una estrategia de construcción de poder político y social cuya primera condición no es otra que la interpelación (discursiva y política) a los trabajadores. Parafraseando al presidente Chávez, para combatir la pobreza es necesario dar poder a los pobres. Y dar poder es, también, dar la palabra (palabra que sólo se da a quien ya se ha interpelado como interlocutor).

Resumiendo, el gobierno puede avanzar en transformaciones progresistas y distributivas a pesar de la derechización de la opinión pública (es decir, de gran parte de sectores medios, urbanos y rurales, que los medios de comunicación señalan como tal) si, y tal vez sólo si, deja de malgastar esfuerzos políticos y retóricos en pos de una seducción inapropiada e infructuosa; y en su lugar, concentra sus esfuerzos en la conservación y acrecentamiento del apoyo de aquellos sectores sociales que lo acompañan. Interpelar y empoderar a los trabajadores y a los pobres es una condición insoslayable para cualquier fuerza “populista”, en el sentido en que esta categoría sirve para honrar lo mejor de la tradición política inaugurada por el peronismo. Previniendo críticas previsibles, cabe decir que de lo que se trata no es de una estrategia de polarización de la sociedad; sino de responder con convicción y eficacia a la polarización efectiva que las oligarquías y sus cómplices más o menos inconscientes despliegan, con su odio destituyente, cada vez que quieren abrirse caminos de inclusión para los menos favorecidos.

El retorno de lo irracional

Inextricable, la crisis desatada por el lock-out agrario no se detiene ni deja entrever su devenir. Fogoneada, sí, por la conspiración mediática, pero prendiendo en un cuerpo social predispuesto no tanto ni tan sólo por la ingenuidad y la ignorancia, sino por defecciones más graves y a esta altura inocultables.

Por sorpresiva y sorprendente que pueda resultar la coyuntura, no se careció de indicios ni de antecedentes que nadie, ni el gobierno ni ningún actor popular, fue capaz de tomar en serio. La izquierda “radical” es otro cantar. Por estos días hace, más o menos, lo de siempre: combatir al reformismo o al populismo de un modo que concluye facilitándole el trabajo a las facciones más voraces de la clase dominante, a veces liberales; otras veces, fascistas.

Las consecuencias de la irracionalidad política dejarán poco lugar para el postrero arrepentimiento si su tendencia destituyente llega a realizarse. Acaso por eso sus protagonistas se encuentran sociológicamente prevenidos: a menudo la irracionalidad se complementa con la falta de memoria. En el colmo de la Argentina actual, ya no sólo de largo plazo. No hay que remontarse a las asimilables y lejanas circunstancias de todos los golpes de Estado que, en defensa de la “Patria”, implícitamente agraria, sojuzgaron cada vez a la Nación. No hace falta remitirse al ´30, al ´55 o al ´76. Hace apenas siete años, en 2001, el país estuvo al borde de la disolución social (no de una revolución que, por si fuera necesario aclararlo, requiere de bastante más que ahorristas indignados, asambleístas clasemedieros y cámaras de TV dispuestas a mostrarlos). Ello sucedió por la eclosión del modelo neoliberal al que las clases medias no sólo apoyaron por ingenuidad e ignorancia, sino del cual cínicamente se valieron para su fiesta privada de consumo, aun cuando para ello fuera necesario someter al país a niveles extremos de endeudamiento, destrucción de la economía, desempleo masivo y extrema pobreza. De esa situación logró salirse, no sin grandes esfuerzos, a través de una serie de medidas inconexas, contradictorias, insuficientes y/o perfectibles, que fueron tomadas por sucesivos gobiernos de origen peronista. El primero de ellos, presidido por Duhalde, de sesgo conservador. Comenzó con una devaluación salvaje y concluyó con el asesinato de dos militantes sociales. El actual, aun manteniéndose dentro de los lineamientos económicos de su antecesor, fue capaz de construir un perfil de gestión más progresista y distribucionista. Justamente estos dos rasgos, reales o aparentes (y ambas cosas a la vez) parecen ser los que, de modo militante, no tolera la oligarquía e, inconfesablemente, tampoco toleran amplios sectores de las clases medias.

Aquí y ahora, la oligarquía intenta desprenderse de un gobierno que le resulta molesto por varias razones (aunque acaso ninguna de ellas sustancial) y las capas medias urbanas y rurales, prósperas y –en sincronía y en diacronía, cuanto más prósperas, más fascistas– se solidarizan con, o directamente ejercen, una acción destituyente cuyos costos mayormente pagarán los pobres. Para completar la escena y su devenir trágico, los sectores populares carecen de varias de las herramientas necesarias para participar activamente en una lucha que objetivamente les compete más que a ningún otro. Organización, claro está, pero antes de eso, visibilidad y voz, negadas en la exterioridad y corroídas en la subjetividad por la acción flagrante y acumulativa de los medios masivos de comunicación. Queda todavía por verse si el gobierno tiene alguna idea razonable para superar la crisis, que no sea la temeraria apuesta de tolerar el desabastecimiento de las ciudades con la infundada esperanza de que ello deslegitime las protestas patronales.

Prevéngase lector, no se exagera. Cuando en la historia se conjugan los intereses de la alta burguesía, el fastidio de las clases medias y la irracionalidad política del cuerpo social, la resultante más probable es alguna variante del fascismo. Se dirá que hoy por hoy en Argentina no hay espacio para los golpes de Estado. Es cierto. Sin embargo, no parece inverosímil una alteración del orden democrático dentro de carriles institucionales, y no faltan candidatos para asumir gustosamente el “gesto patriótico” de la transición.

Sin lugar para los débiles

Hemos dicho en un artículo anterior (http://elpaloylarueda.blogspot.com/2007/07/fortaleza-electoral-y-debilidad-poltica.html) que la fortaleza electoral del gobierno contrastaba peligrosamente con su debilidad política, y que cualquier intento de profundización de la línea distribucionista requeriría de una construcción política capaz de sostenerla en términos de organización y movilización –construcción que el propio gobierno había descuidado. Los acontecimientos derivados del feroz y extendido lock-out patronal del sector agropecuario constituyen una elocuente demostración de aquel aserto.

La aludida debilidad hunde sus raíces en el largo proceso de deslegitimación de las instituciones democráticas y en la profunda derrota de las fuerzas populares que precedió al golpe del 76 –y que éste llevó a niveles impensados–. Es justamente este aspecto bifronte de la debilidad (el de las instituciones democráticas y el de las fuerzas populares) el que le ha impedido al gobierno responder con contundencia a la sedición agropecuaria, el complot mediático y la complicidad tilinga de los sectores medios, tanto en el plano estrictamente institucional como en el más amplio de la movilización política.

En concreto: el gobierno no se decide a implementar la Ley de Abastecimiento, ni a liberar las rutas, porque ello es impensable si no se está seguro de contar con las espaldas políticas adecuadas; es decir, si no es capaz de desplegar una movilización popular lo suficientemente contundente como para ganar la visibilidad mediática que sistemáticamente le es negada por los intereses cómplices de los medios de comunicación. El valorable pero escaso aporte cuantitativo de los movimientos sociales kirchneristas, y la precaria y contradictoria relación de los Kirchner con las estructuras del Partido Justicialista, poco aportan a la superación de condiciones adversas forjadas en años mucho más largos que los de la actual gestión.

Poniendo claro sobre oscuro, las retenciones móviles a la exportación son medidas distribucionistas fundamentalmente por su intencionalidad antiinflacionaria, en tanto que tienden a desenganchar los precios internos de los alimentos de sus siderales valores en el mercado internacional. Sólo accesoriamente constituyen una medida fiscal por medio de la cual el Estado se apropia –legítimamente– de una parte de la renta agraria; sin embargo, este último aspecto es falaz e intencionadamente enfatizado por las asociaciones patronales y sus voceros políticos y mediáticos. Muy otro tema es la razonable objeción que pueda hacerse desde perspectivas de izquierda respecto del carácter limitado de las medidas en relación con su verdadero impacto distributivo. Aun cuando sin dudas compartimos algunas de esas objeciones, no es posible soslayar que la eventual disposición de medidas más avanzadas generaría reacciones todavía más virulentas. Por tan simple y elemental motivo, nos cuesta comprender la miopía y mezquindad con que frente a este conflicto nodal por el que atraviesa el país, algunos sectores declamadamente progresistas buscan acomodarse en una neutralidad que, a estas alturas, no puede ser otra cosa que adhesión implícita a la oposición oligárquica.

Fortaleza electoral y debilidad política

Como consecuencia de algunos aciertos propios y unos cuantos desatinos del oficialismo, la oposición política y mediática parece vivir por estos días sus mejores tiempos desde el 2003. Si bien nada hace suponer que la buena racha pueda extenderse hasta el punto de impedir que el kirchnerismo triunfe en las elecciones presidenciales de este año, la continuidad de la crisis de las representaciones políticas y su posible capitalización por las fuerzas neoconservadoras abren un dejo de incertidumbre sobre el mediano plazo que, hace apenas unos meses, hubiera resultado impensable. Todo parece indicar que el lanzamiento de Cristina Fernández a la presidencia implica algo más que un intento por retomar la ofensiva de cara a las urnas. Si el oficialismo pretende conservar el poder y eventualmente profundizar el modelo, tendrá que dotar de consistencia a los favores electorales de la coyuntura. El propio Kirchner sería el encargado de emprender esa tarea a partir de diciembre, abocándose a la construcción de una herramienta política.

El triunfo de Macri

Resulta difícil negar la responsabilidad del gobierno en su derrota electoral amanos del macrismo. Tanto, como evitar múltiples especulaciones
acerca de los motivos que lo llevaron aenfrentarse con Telerman en lugar de tejer con él una alianza que hubiera contado con altas probabilidades de éxito en las urnas. La comprensión se dificulta aún más si se tiene en cuenta que el distrito en juego ha sido históricamente hostil a cualquier versión del peronismo, y que el obstinamiento en sostener una candidatura puramente K como la de Filmus contrasta con decisiones mucho menos puristas en varios distritos en los que el Frente para la Victoria no duda en aliarse con estructuras y personajes que poco y mal pueden representar algo de la renovación política.

Por cierto que parte de lo ocurrido puede ser explicado como el producto de un error de cálculo. Una lectura equivocada de la composición y las razones del electorado porteño indudablemente influyó en la creencia de que era posible vencer a Macri en la segunda vuelta. Pero tampoco debe descartarse una apreciación un tanto más maquiavélica: incluso una derrota digna podía ser considerada como un buen resultado si a ella se sumaba el plus de deshacerse de un candidato de cierto fuste en la escena nacional. Aun la muy sensata idea de que con el triunfo de Macri la derecha consiguió hacerse de una cabeza de playa nada despreciable, puede ser compensada con la razonable intuición de que la gestión habrá de desgastarlo más temprano que tarde, ya sea por la propia complejidad de las demandas que tendrá que atender como por la previsible impericia del empresario devenido en político para tratar con ellas. Porque entre el reclamo de orden y mano dura con el que comulga el electorado porteño y su concreción efectiva en medidas represivas pueden mediar costos políticos impagables. El mismísimo Duhalde, sobre cuya habilidad para la política no pueden caber muchas dudas, se vio obligado a abandonar el poder después de la represión en Avellaneda, cuando también se escuchaban los mismos cantos de sirena que tanto agradan a la derecha.

La construcción política

Tal vez la prueba más palpable de la fortaleza política del gobierno y de la decisión de “entregarle” la capital a Macri pueda verse con claridad en el inmediato lanzamiento de Cristina Fernández a la candidatura presidencial. Porque lejos de tratarse de una expresión de debilidad -y en tal forzada lectura quieren insistir la oposición política ycierta prensa "independiente"-, el anuncio no puede ser visto si no como lo contrario: el gobierno considera queestá en condiciones de arriesgar algunos puntos en octubre con una candidatura que mide menos que la del presidente. Tal alta autoestima es también lo que lleva a presentar la flamante candidatura como una profundización del cambio. Y más allá de los interrogantes que puedan surgir acerca de las motivaciones palaciegas que llevaron a la decisión, lo importante es indagar en el sentido político del proceso que se pretende llevar adelante.

Aun dando por sentado que la solidez electoral del proyecto K va a transitar con tranquilidad las elecciones de octubre, no puede soslayarse que los traspiés sufridos en la Capital y en Tierra del Fuego expresan, antes que ninguna otra cosa, un cierto malhumor social. Una opción tentadora para el gobierno, pero demasiado simplista, es la de suponer que ese malestar puede interpretarse como el resultado de coyunturas distritales relacionadas con la gestión local. Como contrapartida, adjudicarlo automáticamente a una disconformidad con las políticas del gobierno nacional es lo que desea la oposición, pero tampoco pueden encontrarse argumentos convincentes en esa dirección. Lo más probable es que motivaciones convergentes en uno y otro sentido deban ser englobadas en otras más profundas que apunten, sobre todo, a interpretar estos mensajes como expresiones sintomáticas de un malestar cultural que encuentra en la política (y en el gobierno como su expresión más visible) un chivo expiatorio ideal. Acaso porque la proliferación de un individualismo extremo y generalizado sólo puede ver en ella, portadora de significaciones colectivas, a su más acérrimo oponente. De allí que el triunfo de Macri deba ser entendido, antes que nada, como una victoria de la antipolítica.

Compatibilizar este estado de ánimo con la cuasi certeza de un triunfo oficialista contundente no es tarea sencilla. Lo primero que cabe decir al respecto es que una parte de la fortaleza de los Kirchner es consecuencia de la debilidad de la oposición. No sólo en lo que atañe a su dispersión coyuntural sino, fundamentalmente, a la dificultad que encuentra para hallar flancos débiles en la gestión oficial en contraste con la debacle de 2001 frente a la cual, para colmo de sus males, buena parte de los dirigentes opositores no puede eludir responsabilidades. Pero el tiempo es una variable que necesariamente juega contra la memoria, y si a ello se le suman una especial propensión al olvido y el trabajo amnésico y a menudo distorsionante de los medios de comunicación, está claro que el gobierno no tiene tantas razones para dormir tranquilo.

Si la derechización del electorado porteño expresa antes que nada que la política argentina sigue signada por la crisis extrema del sistema de representación, el carácter estructural de esta crisis debe ser tomado en cuenta como ningún otro a los fines de la mentada profundización del proyecto oficial. De hecho, la principal debilidad de los Kirchner la constituyen sus inocultables dificultades a la hora de construir una fuerza política propia. Sus candidatos no han logrado triunfar en ningún distrito en el que no les haya sido posible aliarse con estructuras preexistentes, ya sea el PJ o el radicalismo K. Acaso allí deba buscarse la verdadera motivación política del lanzamiento de Cristina; esto es, en la necesidad de que el actual presidente, liberado del ejercicio cotidiano de la gestión, pueda dedicarse al desarrollo de un armado político que, si efectivamente se quiere profundizar el cambio -y para ello hay que conservar el poder-, no puede demorarse más de la cuenta.

El “cambio dentro del cambio”

Pero más allá de la eventual decisión de trabajar en la construcción de una estructura que le dé sustento al futuro gobierno de Cristina Fernández y que, por añadidura, sirva para reconstruir el sistema político y relegitimar las instituciones del Estado, lo verdaderamente importante es dilucidar cuál puede ser el rumbo efectivo de ese gobierno. Para ello es menester intentar describir, lo más objetivamente posible, el núcleo de las políticas gubernamentales que cabría esperar se profundicen en el próximo período.

En el orden institucional, la renovación de la Corte Suprema de Justicia y la activa política de derechos humanos constituyen los principales haberes del gobierno frente a algunos débitos de los cuales el más importante es la intervención en el Indec, organismo cuya importancia estratégica ha sido gravemente menoscabada en pos de intereses coyunturales. Otras deudas derivan de la herida abierta en diciembre de 2001, y se vinculan con la precaria institucionalización de las relaciones sociales que, en múltiples y cambiantes escenarios, da lugar a que la conflictividad se exprese a través de la única instancia de la acción directa, desconociendo la otrora innegable función mediadora del Estado. Familiares de víctimas o ambientalistas radicalizados, grupos de vecinos indignados por la inseguridad, autoproclamadas vanguardias estudiantiles o gremiales, no encuentran obstáculo en apoderarse del espacio público o institucional en defensa de intereses más o menos particulares y más o menos legítimos; pero, en todos los casos, intentando sustituir la negociación política por la visibilidad mediática. Tal vez en este punto es donde se expresa más cabalmente la incapacidad constructiva del kirchnerismo, no sólo respecto de la relegitimación de las instituciones sino también en lo que hace al desarrollo de una instancia de movilización política capaz de contener -en el doble sentido que puede adquirir aquí el término- a este tipo de emergentes.

En relación con la política económica, a diferencia de una habitual crítica de la izquierda más o menos radicalizada, no es evidente que la matriz neoliberal se haya mantenido inalterable a partir del año 2003. Una serie de medidas heterodoxas sirvió para modificar parte del modelo económico de los 90 en varios aspectos, entre los que cabe mencionar el desarrollo del mercado interno como motor de la economía, una mejora en el poder adquisitivo de grandes franjas de la población, el descenso del desempleo, la transferencia de recursos de la renta agraria hacia el Estado por la vía de las retenciones, el consecuente aumento del gasto social y la inversión pública, el congelamiento de las tarifas residenciales y del transporte urbano de pasajeros, el distanciamiento del FMI y la quita de deuda a los acreedores privados junto con la obtención de nuevas fuentes de financiamiento externo y la búsqueda de alianzas estratégicas con actores regionales (léase Venezuela y el Mercosur) y, por último, algunas modificaciones en el esquema de privatizaciones de los 90, como la recuperación del Correo y Aguas y la revitalización del régimen previsional público.

Claro está que también en la política económica es posible hallar deudas importantes: la exclusión social y la pobreza siguen siendo elevadas y ofensivas frente a los altos índices de crecimiento y la rentabilidad de las empresas. En este último aspecto, el aumento de la inflación expresa problemas estructurales de concentración económica en todos los niveles del sistema. Aun cuando los índices “reales” del costo de vida siguen ubicándose por debajo de las pautas salariales acordadas por la mayoría de los sindicatos, la inflación constituye el principal escollo para la distribución del ingreso (es, de hecho, la manifestación efectiva de una fuerza estructural que se opone a ella). Junto con la creciente problemática de la vivienda representada por los altos precios de las propiedades y su consecuente efecto sobre los alquileres, la inflación seguirá siendo uno de los grandes temas pendientes de política económica para el próximo gobierno. Otro ítem de relevancia es el vinculado con la llamada “crisis energética”, y conecta directamente con el esquema de privatizaciones de las empresas públicas, la falta de inversiones de los actores privados y la escasez de controles por parte de la autoridad estatal.

Así, el nuevo gobierno tendrá que lidiar en varios conflictos nodales y tomar decisiones entre diferentes extremos: desalentar el gasto público y los aumentos de salarios para contener los precios, o extremar los controles y avanzar en la desactivación de los monopolios; ceder al aumento de tarifas que reclaman los operadores privados de las empresas públicas, o proceder a redefinir sus contratos o a la renacionalización de aquéllas; mantener el libre juego del mercado a expensas de afectar seriamente la calidad de vida y la proyección futura de grandes franjas de la población, o desactivar la burbuja inmobiliaria y extender amplias y efectivas líneas de crédito para la vivienda. La resolución de estos conflictos en uno u otro sentido, o en soluciones de negociación más o menos precarias, depende de la voluntad política de profundizar o no los cambios, tanto como de la acción de la sociedad y de la construcción de herramientas políticas que la dinamicen.